Imposición de multas de entre 50.000€ y 800.000€ por la nueva Ley de Agricultura Andaluza

Ha sido aprobado el anteproyecto de Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Esto marcará las directrices de un sector que genera una importante contribución al empleo y al PIB en la comunidad.

Se pretende con la norma promover mejoras en el trabajo, una mayor integración social e igualdad entre mujeres y hombres, ampliar la competitividad, la innovación y el desarrollo en estas zonas rurales de nuestra comunidad. Reduciendo en la medida de lo posible el impacto medioambiental.

Además el texto normativo incluye medidas contra las prácticas comerciales abusivas, incrementando las competencias de control y sanción. Fija infracciones contra la compra de productos por debajo del coste de producción que pueda realizar un operador, bajo la consideración de muy graves, para evitar el abuso de su posición dominante en el mercado. La tan conocida “venta a pérdida” podrá suponer para quienes la practiquen multas de entre 50.000€ y 800.000€, pudiendo incrementarse si el perjuicio causado supera estas cifras.

Así mismo, se incorporan controles en aras de garantizar la correspondencia del producto vendido con lo dispuesto en su etiquetado, recayendo responsabilidades tanto en el vendedor como en el operador (mayorista o cadena de distribución).

Esta nueva ley abrirá la posibilidad de que se publique un listado con las sanciones o infracciones, así como marcas comerciales, en casos de  daño o riesgo para los intereses económicos del sector agroalimentario.

En esta línea, se prevé crear un Foro de la Cadena Agroalimentaria, con la intención de crear códigos de buenas prácticas sobre la materia; el cual se integrará tanto por representantes de los sectores de producción, transformación, como comercialización y distribución.

Así mismo, se dedica un capítulo a la seguridad y calidad agroalimentaria, en virtud del cual, se establece que los productos deberán llevar un documento de acompañamiento durante su transporte, con objeto de facilitar su seguimiento y control de trazabilidad en todo momento, contribuyendo así a evitar el fraude.

Importante mención requiere el reconocimiento de la función social en la cadena alimentaria, y es que la futura ley sentará las bases para obligar a las superficies comerciales, industrias agroalimentarias y demás establecimientos a entregar los excedentes de producto a organizaciones humanitarias para su distribución o reutilización. De viendo las industrias elaborar planes para reducir los deshechos alimentarios.